El pueblo contra el parlamento en Argentina

CIENTOS DE miles de personas pidiendo aborto legal, seguro y gratuito en Argentina mostraron su indignación el 9 de agosto cuando se reunieron temprano en la mañana bajo la lluvia torrencial después de que el Senado rechazó un proyecto de ley que habría despenalizado el aborto y permitido acceso al procedimiento en hospitales públicos y privados.

A pesar de este golpe decepcionante a los derechos reproductivos, el avance logrado en América Latina para legalizar el aborto seguro y accesible — llamado la “marea verde”, en honor de los pañuelos de los activistas por los derechos de las mujeres en todo el continente — será invaluable para las luchas futuras.

El voto del Senado en contra del proyecto de ley llega casi un mes después de que la cámara baja del Congreso votó a favor, por un margen de 129 a 125, y después de años de lucha liderada en gran medida por Ni Una Menos, un movimiento popular contra la violencia de género.

El proyecto de ley se conoce como la “ley de interrupción voluntaria del embarazo” o el IVE.

Aunque el IVE tenía fallas, incluyendo el exigir de un periodo obligatorio de reflexión de cinco días para los procedimientos y un límite en los abortos a las primeras 14 semanas de embarazo, hubiera sido una gran victoria no sólo para los grupos defensores de los derechos de las mujeres sino también para Argentina en general.

BAJO LA ley actual, la mujer que busca un aborto puede ser acusada y encarcelada a menos que pueda probar que el feto representa un peligro para su vida o que el embarazo es el resultado de un asalto sexual.

Qué califica como un riesgo que justifique un aborto es constantemente cuestionado y a las sobrevivientes de asalto sexual les resulta difícil probar lo que les pasó. La carga de demostrar esta evidencia significa que incluso aquellas que califican a menudo están obligadas a completar sus embarazos.

También significa que muchas mujeres arriesgan su vida sometiéndose a procedimientos inseguros. Orlando James Jenkinson, escribiendo en el sitio web New Internationalist, citó estadísticas que muestran que “la gran mayoría de los abortos (el 95 por ciento para toda América Latina) se hacen clandestinos, ilegalmente y a riesgo de daños físicos o enjuiciamiento”.

El impacto de la continuación de la prohibición del aborto en Argentina se sintió casi inmediatamente, cuando una mujer de 24 años fue al hospital con un shock séptico como resultado de un aborto fallido y murió una semana después de la decisión del Senado.

Según un estudio reciente, los países con leyes de aborto más restrictivas tienen una tasa de muerte relacionada con el aborto 34 veces mayor que países con leyes menos restrictivas.

En América Latina, sólo tres países, Cuba, Guyana y Uruguay han legalizado el aborto. La mayoría de los demás tienen algunas restricciones sobre el procedimiento, limitando el aborto a los casos de amenazas a la vida y el asalto sexual. Seis países (República Dominicana, El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua y Suriname) prohíben el aborto totalmente.

Incluso en países que han despenalizado el aborto, como lo hizo Colombia en 2006, las mujeres continúan buscando abortos clandestinos. Los activistas de los derechos reproductivos en todo el mundo tienen que continuar la lucha por la capacitación médica adecuada y el acceso al procedimiento incluso después de ganar la batalla por la legalización.

En los Estados Unidos, por ejemplo, los activistas por el derecho al aborto tienen que defender las clínicas contra los manifestantes anti-opción, envalentonados por las políticas sexistas de Trump. Y ahora, con la posibilidad de la confirmación del candidato del Tribunal Supremo, Brett Kavanaugh, el derecho al aborto legal tal vez está en mayor riesgo, lo que condenaría una vez más a las mujeres buscando un aborto a partos no deseados o abortos clandestinos.

ADEMÁS DE la violencia de los abortos inseguros, Argentina sufre de una alta tasa de feminicidio, 2.679 registrados en los últimos 10 años y subiendo desde 2014, mucho de lo cual está relacionado con la falta de acceso al aborto legal, libre, seguro y gratuito

En 2015, Chiara Páez, 14, fue asesinada por su novio, 16, y su madre por quedar embarazada. El femicidio de Páez provocó indignación pública y movilizó a unas 200.000 personas a las calles en protesta por la violencia de género.

En Rufino, su ciudad natal al noreste de Buenos Aires, 7.000 personas atendieron una vigilia para Páez, con letreros que decían “Rufino está de luto” y “Ni Una Menos”, el eslogan que lanzó el movimiento.

Descrito como un “grito colectivo contra la violencia machista”, Ni Una Menos ha participado regularmente en movilizaciones masivas contra el feminicidio.

Desde 2015, las marchas de #NiUnaMenos han ocurrido en toda América Latina. La plataforma del movimiento abarca no sólo el derecho legal al aborto, sino también las “condiciones económicas y de salud que nos permita decidir si queremos ser madres”. Los derechos LGBT+, los derechos indígenas y una posición contra el neoliberalismo y el capitalismo también son demandas dentro del movimiento.

El Washington Post reclamó recientemente que los activistas de los derechos reproductivos apropiaron el movimiento Ni Una Menos, pero en realidad el acceso al aborto es fundamental para poner fin a la violencia de género.

La omnipresencia del feminicidio en Argentina y en todo el mundo es una manifestación de la falta de derechos reproductivos para las mujeres. Al negar la autonomía reproductiva de las mujeres, los legisladores esencialmente han endosado nuestro abuso a manos de hombres poderosos.

De hecho, los legisladores con demasiada frecuencia son hombres poderosos que también abusan, como lo hizo evidente el movimiento #MeToo. Además, sus posturas hostiles sobre los derechos reproductivos directamente causan más daño en las vidas de las mujeres.

Con mucha frecuencia, la legislación antiaborto es un vehículo para empujar medidas de austeridad, y apelar por un aborto legal y gratuito puede enfatizar la lucha por la atención médica para todos. En los Estados Unidos, por ejemplo, aproximadamente 50 por ciento de las personas transgénero, en su mayoría personas de color, retrasan o evitan la atención médica debido a la inaccesibilidad, simplemente porque su género no califica para un tratamiento que necesitan.

Dicho en otra manera, las ganancias para toda la clase obrera fluyen naturalmente del derecho al aborto, y los políticos saben que pueden mantener las medidas de austeridad en su lugar si continúan a negar este derecho humano fundamental.

Entonces, ¿cómo fue derrotado un proyecto de ley apoyado por la mayoría de los argentinos?

PARTE DE la respuesta es la contra-movilización dirigida por la Iglesia Católica, iniciada directamente después de que pasó el IVE de la cámara baja del Congreso. El Papa Francisco, también un argentino, dirigió este esfuerzo con una ridícula comparación del aborto a la eugenesia de la época nazi, y solicitando personalmente a los legisladores anti-aborto cabildear a sus colegas del Senado que rechazan el proyecto de ley.

Las fuerzas evangélicas no lo pensaron necesario movilizar contra el movimiento popular por la tremenda influencia que tienen en la política argentina, y quedaron conmocionado cuando un mar de pañuelos verdes inundó las calles alrededor del Congreso, después de la victoria en junio.

La Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas en Argentina se apresuraron a llamar una demostración anti-aborto un día antes del voto del Senado, en el cual los manifestantes se movilizaron usando pañuelos azules, bajo el eslogan erróneo “Salvemos las dos vidas”.

Todavía, con el notable apoyo popular para el proyecto de ley, las fuerzas evangélicas no podrían por si mismas traer esta derrota a las activistas pro-derechos reproductivos. El carácter antidemocrático de los cuerpos legislativos del gobierno argentino también tiene la culpa.

El Senado argentino está compuesto por tres legisladores por cada provincia, y tres por la ciudad autónoma de Buenos Aires. Esto es un marcado, antidemocrático contraste a la Cámara de Diputados, en el cual el número de miembros en cada distrito está proporcional a su población.

Esto da una ventaja a legisladores como Gabriela Michetti, quien también es el presidente del Senado, vicepresidente del país, y lealmente anti-aborto, incluso en el caso del asalto sexual.

Si el IVE hubiera pasado el Senado, el presidente argentino Mauricio Macri, aunque opuesto al aborto, prometió que no hubiera vetado la decisión, en gran parte por el resentimiento popular que ha estado enfrentando como resultado de sus políticas neoliberales, incluyendo ataques al sistema de pensiones del país, despidos masivos arbitrarios de empleados públicos, y más recientemente, una línea de crédito con el Fondo Monetario Internacional de $50 mil millones.

ASÍ FUE el represivo ambiente político en el que el IVE fue derrotado. Pero esto hace más extraordinaria la movilización masiva de cientos de miles personas por el aborto legal, seguro y gratuito.

Este movimiento en Argentina es parte de un movimiento de mujeres mundial que no regresará a las sombras. La explosión del movimiento #MeToo en los Estados Unidos el otoño pasado empoderó a las mujeres a hablar como víctimas de la violencia del género.

En Irlanda, miles se unieron en las calles en mayo a celebrar un referéndum que derogó una enmienda constitucional legalizando el aborto. En España, una huelga general de 5 millones de personas se formó en el Día Internacional de la Mujer como una respuesta específicamente feminista a la crisis neoliberal.

Este movimiento mundial de mujeres está causando un efecto de arrastre, tanto en tamaño como militancia.

La campaña por el IVE trajo la lucha por la justicia reproductiva a la esfera pública en Argentina por primera vez. Al mismo tiempo, el movimiento radicalizó y elevó la conciencia de millones de personas, en su mayoría jóvenes involucrándose políticamente por primera vez.

Además, esta red organizada del movimiento por la justicia reproductiva puede aprender de sus derrotas y continuar construyendo presión pública, porque esta es la única manera de asegurar nuestra victoria. Tras esta derrota, un movimiento más organizado y más militante, con más gente que antes, ahora existe para luchar hasta que la justicia reproductiva sea alcanzada para todos.