La doctrina del trauma en PR

Mientras el gobierno isleño es incapaz aliviar la crisis humanitaria en Puerto Rico, el yugo colonial estadounidense sólo aumenta el sufrimiento. Escribe Roberto Barreto.

San Juan suffers through another blackout

EN PUERTO Rico hay una crisis humanitaria, aunque el gobierno insista en que la emergencia ya pasó y la recuperación va viento en popa: Más de mil personas han muerto y muchas personas enfermas y de edad avanzada continúan falleciendo por falta de servicio eléctrico--la cantidad precisa es desconocida porque el gobierno oculta las cifras reales; los suicidios van en aumento; hay una epidemia de influenza, aunque el gobierno lo niegue; los bancos se preparan para ejecutar miles de bienes raíces cuyas familias no han podido pagar sus hipotecas; y FEMA ha negado o no procesado un 62 por ciento de las solicitudes de ayuda.

A principios de febrero, más de un millón de personas, casi un tercio de la población de Puerto Rico, aún no habían recuperado el servicio eléctrico interrumpido por los huracanes Irma y María. Cientos de negocios permanecen cerrados y muchos ya han anunciado que no reabrirán. El costo de la vida se ha disparado, mientras la tasa de inflación duplica la de Estados Unidos. Miles de personas han perdido sus empleos y miles más han emigrado, en su mayoría a Florida. Se proyecta que para el año 2022 uno de cada cinco puertorriqueños habrá emigrado a los Estados Unidos.

El manejo de la emergencia ha sido pésimo. La Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) ha demostrado ser un fracaso. En la etapa inicial y más crítica de la emergencia fue incapaz de llevar agua y comida a las víctimas del huracán María porque dependía en los gobiernos municipales para hacerlo, pero muchos gobiernos municipales quedaron destruidos e inoperantes tras el paso del huracán.

FEMA indicó a los gobiernos municipales que podían ir a recoger alimentos y agua a sus almacenes, sin considerar o saber si los municipios contaban con camiones o combustible. Pasaron semanas antes de que el ejército tomara esas funciones.

El director local de FEMA, Alejandro de La Campa explicó al diario El Nuevo Día: "Sí. FEMA no estaba preparada para ser los trabajadores de emergencias. Para eso, están los municipios y el gobierno estatal. Nosotros nos preparamos para apoyar al gobierno estatal y al municipal en el momento que nosotros tuvimos que usar el Ejército para que distribuyera comida casa por casa, calle por calle... eso significa que los trabajadores de emergencias fuimos nosotros".

Ahora FEMA le niega ayuda a miles de personas que perdieron sus hogares porque no comprende la realidad social de Puerto Rico. Cientos de comunidades en la isla son producto de "tomas de terrenos". El gobierno reconoce estas comunidades y les provee servicio eléctrico, de agua y telefonía a pesar de que carezcan de títulos de propiedad. Más o menos el 20 por ciento de las residencias en Puerto Rico, unas 260,000, carecen de título por ser producto de ocupaciones ilegales.

A esto hay que sumar miles de divisiones y transferencias de propiedades, en vida o en muerte, de padres a hijos sin mediación de la autoridad, ni inscripción en el registro de la propiedad. En Puerto Rico estas divisiones y transferencias son tradicionales, pero FEMA no las entiende.

Así describe Yamilka Schumacker Robles la decisión de sus padres de emigrar: "Cuando no le dan opciones al pueblo para salir de la crisis. Cuando las ayudas siguen en los muelles y no llegan a los más necesitados. Cuando los comedores de las escuelas sólo tienen cerdo enlatado. Cuando aun sin servicio, te cobran un 'estimado' de agua y luz. ¿Luz? ¡Que broma pesada! Ese fue el momento para este par de corazones rotos. A pesar de vivir 30 años en esa casita, de haber criado a cuatro hijos y dos nietos e incontables perros, gallinas, pavos, gansos, caballos y conejos, el frío gobierno decide que todo eso no importa porque no hay un papel que diga que ese pedazo de tierra les pertenece".

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LA RESPUESTA del gobierno estatal a la emergencia ha sido desastrosamente inepta. En lugar de pedir ayuda a la Asociación Estadounidense de Energía Pública (APPA, por sus siglas en inglés) que tiene un protocolo de ayuda mutua para casos de emergencia, el gobierno contrató a una pequeña compañía eléctrica de Montana, Whitefish, para reparar la red eléctrica.

Whitefish, subcontrató a tarifas infladas otras compañías que enviaron su personal a Puerto Rico, pero que no realizaron los trabajos de reparación debido a que no había materiales ni repuestos. Millones de dólares se perdieron sin resultado alguno. Se perdió un tiempo precioso. Eventualmente el gobierno tuvo que revertir su decisión y pedir ayuda a APPA.

No fue sino hasta mediados de diciembre en que se estableció un plan coordinado por la APPA para realizar las reparaciones. Aun más, la lentitud en la llegada de materiales ha retrasado los trabajos. A finales de enero. el Cuerpo de Ingenieros había recibido tan sólo 15.524 postes de electricidad de un total de 40.232 ordenados.

La incapacidad del gobierno para reparar la red eléctrica ha provocado que algunos municipios y grupos de vecinos tomen las reparaciones en sus manos. Algunos municipios han contratado trabajadores eléctricos retirados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para reconstruir sus redes eléctricas.

En San Sebastián, para finales de noviembre, el 85 por ciento de las casas tenía servicio eléctrico gracias a la iniciativa municipal, aun en aposición de la AEE. En Coamo. un grupo de vecinos autogestionados colocó postes hasta el barrio El Progreso provocando exitosamente que las brigadas de trabajadores eléctricos comenzaran a tirar el cableado eléctrico ahora, en lugar de tener que esperar al verano.

En cambio, en medio de tanta devastación, el gobierno de Ricardo Roselló ha aprovechado la oportunidad para anunciar la privatización de la AEE.

Por años, empresarios y políticos han soñado con lucrarse apropiándose de la compañía eléctrica estatal. Ahora, en medio de la crisis, han visto la oportunidad de justificar su avaricia. Proponen la privatización como la solución a la crisis que ellos mismos han creado y de la cual no saben cómo escapar.

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CON LOS huracanes, la crisis puertorriqueña ha alcanzado niveles catastróficos, pero la crisis no es nueva ni fue provocada por los huracanes.

Por décadas, el Estado permitió el saqueo de las arcas públicas por medios legales e ilegales. Una combinación de feriados contributivos para las empresas, junto a la llana evasión tributaria por parte de los ricos, con la vista gorda del Estado, fue gradualmente mermando los ingresos estatales.

La concesión de contratos millonarios a cambio de contribuciones a los partidos políticos, así como la corrupción en los procesos de privatización de los servicios públicos, agravaron aún más las finanzas gubernamentales. Según el gobierno perdía ingresos, tomaba más y más dinero prestado hasta acumular una deuda pública impagable de más de 72 miles de millones de dólares.

Cuando la AEE perdió su crédito en los mercados debido a su alto endeudamiento, tomó la decisión de recortar gastos, posponiendo la modernización de la infraestructura y suspendiendo la compra de materiales de repuesto. Así, los huracanes encontraron un sistema decrépito y en decadencia. Ya en septiembre de 2016 el sistema había colapsado por varios días, dejando toda la isla a oscuras.

Cuando se hizo evidente que la deuda era impagable, Puerto Rico perdió el crédito y cuando el gobierno intentó posponer el pago de la deuda, Washington tomó control directo de la situación.

Para salvaguardar a los bonistas--especuladores--de Wall Street, el Congreso aprobó el Acta de Supervisión Gerencial y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés), en 2016, que impuso una Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para implementar una severa austeridad que asegure el pago de la deuda, sin importar la crisis humanitaria en Puerto Rico.

Desde 1952, Estados Unidos ha mantenido que Puerto Rico no es un territorio colonial porque disfruta de la autonomía de un Estado Libre Asociado (ELA). Los críticos argumentamos que ELA enmascara el estatus colonial, pues el Congreso mantiene poderes plenos sobre Puerto Rico. Con el nombramiento de la JSF, Washington tomó control directo de la administración colonial, y una de sus primeras tareas fue la de dar luz verde a la privatización de la AEE.

Para imponer la austeridad, ahora la JSF demanda el cierre de 300 escuelas públicas adicionales a las 500 que ya fueron cerradas y busca recortar 450 millones al presupuesto de la Universidad de Puerto Rico.

El congresista Rob Bishop, presidente del Comité de Recursos Naturales de la Casa de Representantes, (comité que tiene jurisdicción sobre Puerto Rico, porque aparentemente Puerto Rico es un "recurso natural") se manifestó preocupado de que la JSF no defienda adecuadamente los intereses de los bonistas, y advirtió que:

Después de todo, el objetivo declarado de la Junta, bajo PROMESA, es devolverle a Puerto Rico la responsabilidad fiscal y (el acceso al) mercado de capital, y esto sólo puede ocurrir si los planes fiscales respetan las prioridades legales y los gravámenes de los titulares de la deuda. Mi comité seguirá el desarrollo de estos planes atentamente para garantizar que la isla vuelva a tener estabilidad financiera.

La misma posición expresó el presidente Donald Trump en un tweet del 25 de septiembre pasado cuando escribió: "La mayor parte de la isla fue destruida, con miles de millones de dólares... debidos a Wall Street y los bancos con los que, tristemente, tendrán que ser lidiados..."

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EL MENSAJE desde Washington es claro, no importa el sufrimiento y el costo humano, la deuda tiene prioridad. Las reglas del capitalismo van primero, y el pueblo de Puerto Rico tendrá que hacer todos los sacrificios que aseguren el pago de la deuda a los bonistas, porque en esta sociedad, preservar los lujos y privilegios de los ricos es más importante que las necesidades básicas y los derechos humanos de los trabajadores y los pobres.

En un foro en la Universidad de Puerto Rico, en enero, la periodista canadiense Naomi Klein, autora de La Doctrina del Shock, describió así la crisis:

Los puertorriqueños han estado viviendo la doctrina del shock por mucho tiempo, y creo que ha habido diferentes maneras, diferentes escenarios...especialmente desde PROMESA, tienes un ejemplo concreto donde se ha declarado un estado de excepción y de emergencia que se convierte en la excusa para echar a un lado cualquier pretensión de gobierno propio, a la que se suma esta agenda de privatización y austeridad que se empieza a introducir.

Sobre la situación de la isla después del huracán María, Klein dijo:

Es una forma diferente, tal vez no es la doctrina del shock, tal vez sea algo más. A lo mejor tenga que re escribirlo o escribir un nuevo capítulo que se llame la doctrina del trauma, porque no es shock, es el trauma lo que se ha estado explotando y eso es diferente y sorprendente.